RAFAEL PERALTA ROMERO

rafaelperaltar@gmail.com

Desde su nacimiento, en 1844, la República Dominicana  ha sido  
azotada por los vientos de la inestabilidad política, los  cuales, si bien han  amainado 
en determinados momentos, también es cierto que   durante largos  períodos lanzaron su furia  sobre  nuestra
nación, marcando  como zigzagueante   su desarrollo institucional.

Las  horadaciones a la vida institucional han
dejado sus  cicatrices  en nuestra Constitución Política, proclamada
el 6 de noviembre de 1844, la cual 
en  sólo 166 años de vida republicana
(1844-2010) ha sufrido treinta y nueve alteraciones. Estas alteraciones
incluyen reformas, anulaciones, acomodaciones e incluso arreglos al margen del
Congreso Nacional.

En
algunos casos las enmiendas procuraron satisfacer necesidades  de cambios en el ordenamiento jurídico de la
nación, pero  en algunos momentos
sirvieron para resolver crisis circunstanciales 
y  otras veces para complacer
frivolidades de gobernantes  traumados
por la alucinación de la permanencia en el poder.

La
primera modificación a nuestra Carta Sustantiva ocurre en febrero
de 1854, casi a diez años de  proclamada
en San Cristóbal. Esta reforma
incluía setenta artículos y ocasionó grandes debates entre corrientes
ideológicas muy distanciadas, como la conservadora, con Pedro Santana y
Buenaventura Báez como cabezas, y la 
tendencia progresista encarnada por los discípulos de Duarte, como Félix
María  del Monte y Juan Nepomuceno
Tejera.

En
noviembre de 1854, el  Congreso Nacional,
atendiendo a un pedido del  presidente Pedro
Santana, consideró que  la revisión
constitucional de ese mismo año provocaba “grandes obstáculos  en la marcha de los negocios públicos” y
dispuso una revisión del artículo uno hasta el 161.

A
partir de entonces se desató el vendaval de modificaciones constitucionales.
Sólo en la década de 1871-1879 se produjeron siete alteraciones. La última
alteración del siglo XIX, ocurrida en 1896, fue promovida por el  presidente 
Ulises Heureaux y sobrevivió a su progenitor,  ya que prevaleció hasta 1907, cuando el mandatario
Ramón Cáceres proclamó la primera modificación a  nuestra Constitución en el siglo XX.

Este  siglo fue abundante  en revisiones constitucionales, llegando a
producirse ocho sólo en la séptima década 
(1961-70).  La última ocurrió en
agosto de 1994, forzada por la circunstancia de una grave crisis política, la
cual, por apresurada no dejó de aportar dos frutos
provechosos: el primero la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y
el segundo    el
freno a la  posibilidad de reelección
sucesiva del presidente de la República.

Esa enmienda, junto a las de 2002 y 2010 , constituyen el objeto de estudio
del libro “Tres reformas a la
Constitución Política dominicana”, presentado ayer en la biblioteca de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, y cuya autoría comparto con Antoliano
Peralta Romero, uno de mis hermanos.