Dilenni Bonilla
             El Dia

En el país
hay más de 700 tareas que producen arroz y la mayoría son pequeños productores.

En ese
sentido establece un impuesto al arroz que ingrese al país   desde los Estados Unidos o Nicaragua   de 20 % ad-Valorem (sobre el precio).

Con esa
medida el Gobierno busca proteger a los productores locales y pone un límite a
la cantidad de arroz que se podrá importar libre de arancel, la cual será de
23,300 toneladas métricas de arroz originarias desde las referidas naciones,
las cuales podrán ingresar al país con un arancel de 0 % a 20%.

Sin embargo,
superado ese límite, se aplicará el arancel de nación más favorecida, que
alcanza el 99 % ad-Valorem (impuesto que se aplica en la actualidad).

De acuerdo
con el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó,  esas medidas forman parte de las acciones de
proteccionismo que aplica el Gobierno a la producción de arroz nacional.

Explicó que ese
decreto establece que, aunque el calendario de desgravación arancelaria del
DR-CAFTA contempla la entrada de arroz estadounidense libre de impuestos a
partir de 2025, no ingresará arroz al país sin la evaluación previa del
Ministerio de Agricultura y la Comisión Interministerial del Arroz.

Explicó que
para    introducir la medida
proteccionista a los productores de arroz el Gobierno recurrió   a la actualización de la Ley del Sistema
Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual
modifica varios artículos que manda aplicar medidas especiales para proteger
productos sensibles.

En este
sentido, explicó que el Gobierno busca proteger la producción nacional de
arroz, un sector que genera más de 30,000 empleos directos y 300,000 empleos
indirectos, con un impacto económico anual superior a los 45,000 millones de
pesos.

“Mientras
exista producción local, la importación estará estrictamente controlada”,
enfatizó al resaltar que la producción de arroz no sólo es esencial para la
seguridad alimentaria, sino también para el desarrollo económico de miles de
familias.

De su lado,
el ministro de Agricultura, Limber Cruz, 
destacó que el decreto es fruto de un diálogo inclusivo entre
productores, industriales y el Gobierno, y tiene como objetivo principal
garantizar la estabilidad del sector arrocero en un contexto internacional
incierto.

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