A través de la violencia y
documentación falsa se apoderan de los predios, señala la Fiscalía de Edomex

Emilio Fernández        el universal

Las indagatorias de la fiscalía
general de Justicia del Estado de México (FGJEM) han detectado que en el
despojo de inmuebles intervienen grupos delincuenciales y organizaciones
sociales denominadas “sindicatos”, que han encontrado ganancias millonarias en
la comisión de este delito, presuntamente en complicidad con autoridades de los
tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los gobiernos locales y
la FGJEM, hay bandas que operan en varios municipios mexiquenses, así como del
estado de Hidalgo y en alcaldías de la Ciudad de México, principalmente algunas
de ellas señaladas de dedicarse, además, a la venta de drogas, extorsión, robo
de autos con violencia y homicidio.

La fiscalía mexiquense ha detenido en
los últimos días a presuntos miembros de la Unión de Sindicatos y
Organizaciones Nacionales (USON), de Los 300, Los Mayas y de la Unión Popular
Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), relacionados con invasiones de predios
en Ecatepec.

Apenas este viernes 23 de mayo la
fiscalía dio a conocer la detención, en Veracruz, de Hugo Francisco “N”,
dirigente del grupo social Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata
(GOPEZ), vinculado a los delitos de despojo y extorsión.

También, dio a conocer que investiga
la posible colusión de servidores públicos del más alto nivel de la
administración anterior del ayuntamiento de Ecatepec, que habrían participado
en el entramado de protección y fomento de los delitos referidos en perjuicio
de la sociedad y a favor de determinados grupos sociales conocidos como
“sindicatos”, en particular los autodenominados Los 300 y UPREZ.

En Nezahualcóyotl, el gobierno local
tiene identificados a las organizaciones delictivas Los Mazos y Los Muletas.
Hace algunos meses arrestaron a 15 integrantes de la organización Resistencia
Civil Pacífica (RCP), quienes se dedicaba a invadir propiedades.

Modus operandi

Los gobiernos municipales han
detectado, particularmente en la zona oriente que, primero, los grupos
criminales identifican propiedades aparentemente abandonadas o con señales de
desuso, como maleza crecida, cerraduras oxidadas o ventanas abiertas. Esta vigilancia
puede durar varios días para confirmar la vulnerabilidad del predio.

Luego, introducen a una o a varias
personas, generalmente jóvenes, que deben permanecer dentro de la propiedad
varios días para evitar ser desalojados por flagrancia. En cuestión de minutos
el grupo puede tomar el control del inmueble y cambia las cerraduras para
asegurarse de que nadie pueda entrar fácilmente.

Al lugar se presentan entre 10 a 15
personas armadas para amedrentar a los moradores o a los vecinos que se dan
cuenta de la irrupción.

Posteriormente, falsifican documentos
para aparentar la posesión legítima y sobornan a notarios, así como a
funcionarios, incluso del Instituto de la Función Registral y del Poder
Judicial, para legalizar la ocupación. Todo ello, según la denuncia de las
víctimas.

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