Redacción CDN

Aunque para el 2025 se registra una disminución a
RD$2,445 millones, el gasto continúa siendo significativamente superior al del
año 2023.

La organización identificó a la Cámara de Diputados, el
Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el
programa Supérate y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel)
como las entidades con mayores incrementos tanto relativos como absolutos en
gasto publicitario. Sin embargo, cuestiona la ausencia de información sobre los
criterios de contratación. También sobre la distribución por medios y los
objetivos de las campañas publicitarias.

Denuncia de participación ciudadana

Participación Ciudadana denunció que no existe
trazabilidad pública de los beneficiarios de los contratos. Esto representa una
violación a los principios de transparencia y rendición de cuentas establecidos
en la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. La organización
advirtió que esta opacidad impide determinar si los recursos públicos se están
utilizando adecuadamente. Además, si se están desviando para alimentar
estructuras clientelares con fines políticos o electorales.

Recordó que, en respuesta a exigencias ciudadanas, el
presidente Luis Abinader emitió en enero de 2024 el Decreto 1-24. Este
establece que la publicidad oficial debe tener fines institucionales legítimos
como informar a la ciudadanía sobre sus derechos, servicios públicos y procesos
de rendición de cuentas. La normativa prohíbe expresamente su uso con fines
propagandísticos o como subsidio encubierto a medios o comunicadores.

En ese sentido, Participación Ciudadana exigió a la
Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) la publicación
inmediata de los contratos de publicidad oficial correspondientes a los
primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025. Asimismo, exigió el detalle de los
montos, los medios beneficiados, los objetivos de las campañas y la
justificación técnica de cada contratación conforme al Decreto 1-24 y al Manual
de Procedimientos de Excepción.

Ante la preocupación generada por el uso de fondos
públicos en año electoral, la organización propuso las siguientes medidas:

Auditoría independiente y urgente del gasto en publicidad
oficial en los períodos señalados.

Aplicación rigurosa del marco normativo vigente,
incluyendo sanciones ante su incumplimiento.

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