Por GAIA PIANIGIANI – NYT

SAN GIORGIO IONICO, Italia — Su marido todavía recuerda cómo Paola
Clemente solía poner dos alarmas para asegurarse de despertar en medio de la
noche, diez minutos antes de las dos de la madrugada, para alcanzar el autobús
privado que la llevaba a ella y a decenas de mujeres a los viñedos.

Allí, recogía y separaba uvas de mesa hasta por 12 horas; tan solo
ganaba 27 euros al día (cerca de 29 dólares) después de que intermediarios
disminuyeron su sueldo. A veces terminaba tan cansada que se quedaba dormida
mientras conversaba.

Su muerte, causada por un paro cardiaco a los 49 años, ha resultado en
un examen de conciencia de casi dos años en Italia acerca de lo que
autoridades, expertos laborales y líderes sindicales describieron como un
complejo sistema de esclavitud moderna —involucra a más de 40.000 mujeres
italianas, así como a trabajadores migrantes y estacionales— que sigue formando
parte del núcleo de la economía agrícola de Italia, sobre todo en el sur del
país.

Después de meses de investigación, las autoridades arrestaron este año a
seis personas, a las que acusaron de usar sus agencias de reclutamiento y
transporte para quitarles parte de su salario a mujeres tan pobres y
desesperadas que no se atrevían a hablar y que trabajaban bajo condiciones
extremas.

La muerte de Clemente en julio de 2015 hizo que los legisladores
italianos promulgaran una ley el año pasado para combatir la explotación de los
trabajadores agrícolas. Sin embargo, según los expertos, la virtual esclavitud
de estos sigue siendo inquietantemente generalizada en un país reconocido por
sus productos en todo el mundo. Según algunos parámetros, Italia es el segundo
peor Estado de la Unión Europea en cuanto a esclavitud, detrás de Polonia.