RAFAEL PERALTA ROMERO

rafaelperltar@gmail.com

El Tribunal Superior Electoral, con caras
nuevas, tiene una franca oportunidad de restaurar su debilitada imagen. Salir
como salieron los predecesores no es la forma deseable para los recién
posesionados jueces de esa alta corte. Un propósito  ha de ser satisfacer a la sociedad mediante
acciones –y solo eso- justas y correctas. Así saldrán bien.

La instancia sometida por dirigentes del
Partido Revolucionario Dominicano para anular aspectos del estatuto hecho a
su  medida por el presidente de ese
grupo, Miguel Vargas, es una oportunidad para que el TSE  indique sus actitudes frente a los
conflictos  en los que le
corresponderá  tomar decisiones, sobre
todo de los partidos políticos.  

El ejercicio de la democracia tiene que  empezar por las organizaciones políticas. Es
bien sabido que el señor Vargas ha estropeado la trayectoria democrática del
PRD, fundado  antes de que él naciera.
Fue un gran partido  y  jugó papeles estelares  en pro de la democracia dominicana, pero
Vargas lo 

Dos vicepresidentes del  PRD -Andrés 
Henríquez y Aníbal García Duvergé- depositaron  un amparo contra tres artículos del estatuto,
en  los que el presidente  de la organización se  otorga poderes extraordinarios. Estos y otros
dirigentes han emprendido la tarea de restablecer el orden institucional  en el más antiguo partido de República
Dominicana.

Se pide al TSE declarar nulos  los artículos 
55, 62 y 173   del estatuto que se
hizo aprobar el señor Vargas por considerar que “liquidan el ámbito de
actuación de los organismos y crean instrumentos revertidos de legalidad”.  El recurso fue introducido  a través de los abogados Guido Gómez Mazara y
Homero Samuel Smith.

Vargas se ha  
arrogado  el derecho a designar
candidatos a cargos electivos  por encima
de los escogidos en las convenciones 
partidarias. Por igual, se ha concedido la facultad  de nombrar dirigentes  en adición a los investidos por los órganos
regulares. Todo se ha acomodado al interés personal de Vargas. Y así no se
construye la democracia.

Un artículo estatutario  indica que el PRD  tendrá cincuenta vicepresidentes, pero que el
presidente tiene potestad para designar los que considere. Los reclamantes  indicaron que las acciones legales  procuran devolver al PRD el ritmo
institucional capaz de activar los “circuitos de participación y apertura”
limitados por una  actitud personalizada.

Pese  a
algunos cuestionamientos, la  designación
estos  nuevos  jueces ha 
sido más saludable para nuestra democracia que la apetecida  permanencia de los anteriores. Tienen  suficiente 
tiempo para  quedar bien con la
sociedad y sus conciencias. Reorientar el PRD 
es una   oportunidad para
ello,   aunque  sea una 
prueba para el TSE.