Rosmerys De
León
  | El Caribe
El director
general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel y la directora de Ética e
Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, entregaron el documento a la
procuradora general de la República Miriam Germán Brito.
El Gobierno
está convencido de que de “manera olímpica” se violaron todos los
procedimientos en la compra de RD$11 mil 500 millones de hormigón asfáltico
caliente por parte de la pasada administración del Ministerio de Obras Públicas
(MOPC), por lo que entregó ayer a la Procuraduría General de la República el
expediente sobre la investigación que hizo al respecto.
 “Este caso tiene indicios que ameritan la
intervención del Ministerio Público… estamos convencidos de que se violaron
todos los procedimientos y todos los principios de la Ley de Compras
Contrataciones”, indicó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos
Pimentel, quien junto a la directora de Ética e Integridad Gubernamental,
Milagros Ortiz Bosch, entregó el documento para que sea investigado a
profundidad por las autoridades competentes.
Entre las
irregularidades que encontraron los funcionarios en la investigación, está la
presunta vinculación de algunas de las compañías beneficiadas en el proceso con
el pasado ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien después fue
candidato presidencial.
A salir del
encuentro con la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito y el
titular interino de la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, Pimentel explicó que otras
de las anomalías son la aprobación previa de las contrataciones y la entrega de
montos millonarios a favor de varias compañías, con marcadas diferencias, en
perjuicio de una en particular, en clara violación del principio de igualdad y
libre competencia.
 “Ahora queda que Ministerio Público pueda
profundizar las investigaciones para saber por qué se hizo, quién tenía la
intención de acumular, de enriquecerse ilícitamente y quién quería acumular
recursos del pueblo dominicano de manera ilícita”, dijo Pimentel.
Deploraron que Cadet recomendara archivar
caso
 “Queremos que se cumpla con el debido proceso,
queremos que vean las consecuencias. Lo que hemos hecho hoy es un ejercicio de
ética”, manifestó Ortiz Bosch.
Tanto
Pimentel como Ortiz Bosch coincidieron en que el informe sobre el caso que
emitió el exdirector general de Ética, Lidio Cadet, recomendando el archivo de
la solicitud de investigación de Gonzalo Castillo, no es sostenible tras
analizar los documentos depositados en la Dirección de Ética.
En ese
sentido, ambos funcionarios deploraron que Cadet recomendara archivar el caso
sin tomar en cuenta el informe final sobre la legalidad de los procedimientos
de excepción por exclusividad, emitido por la Dirección de Contrataciones
Públicas, a solicitud de la propia DIGEIG, en fecha 5 de agosto del 2020.

Los funcionarios afirmaron que ya que Castillo no
forma parte de la Administración Pública, la investigación no busca establecer
una sanción administrativa sino actuar según lo establecido en la Constitución
que especifica que es facultad del Ministerio Público realizar las
investigaciones de casos penales y ejercer la acción pública en representación
de la sociedad.

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