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que este gremio enfrentará esta situación en todos los escenarios que sean
necesarios para impedir que se agrave aún más la situación económica de la
clase media y popular del país.
Aseguró
que este gremio enfrentará esta situación en todos los escenarios que sean
necesarios para impedir que se agrave aún más la situación económica de la
clase media y popular del país.
El
Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) advirtió este jueves que
impugnará la privatización irregular del sistema de revista anual para
vehículos de motor que pretende hacer el Gobierno.
De
acuerdo con el presidente del colegio, Iván Surum Hernández, de aprobarse esta
iniciativa se instauraría la obligatoriedad del pago de tarifas que rondarían
desde 600 hasta 15 mil pesos dependiendo el tipo y modelo de vehículo.
Afirmó
que esto constituiría un gravísimo atentado no solo contra la clase media, sino
además a las clases populares como los motoconchos que serían obligados a pagar
hasta 600 pesos anual por esa supuesta inspección.
“Lo
grave de la situación es que todos los dominicanos que poseen una simple
motocicleta hasta aquellos que tienen vehículo de transporte para su trabajo y
los que tienen vehículos de alta gama, se verían obligados a pagar exorbitantes
sumas por el derecho a transitar, lo que sumado a otros impuestos implicaría
una carga inaguantable para la población dominicana todo para beneficiar
empresarios allegados a funcionarios gubernamentales y que tienen planificado
acumular grandes sumas de dinero a costillas del pueblo”, señaló Iván
Surun Hernández .
Lamentó
que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y el Consejo
Nacional de Alianza Pública Privada, no solamente emprendan un proceso
irregular contra los intereses de la población dominicana, sino que trate de
confundir a la ciudadanía ocultando los reales costos que tendrían que pagar
por la privatización de dicho servicio.
Aseguró
que este gremio enfrentará esta situación en todos los escenarios que sean
necesarios para impedir que se agrave aún más la situación económica de la
clase media y popular del país.
Los
empresarios del transporte público también han manifestado su rechazo a esta
iniciativa por entender que la misma solo pretende ganancias económicas para un
grupo.
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