El Día

SANTO DOMINGO.-Figuras
relevantes en la estructuración y ejecución de las acciones calificadas como
delictivas por el Ministerio Público en un caso que ya ha alcanzado fama con su
denominación de “Calamar”, aún no han sido encartados ni se ha definido en qué
condiciones quedarán en el proceso en el que ya hay 20 imputados, de los cuales
dos exministros guardan prisión preventiva.

Personas como Ramón Emilio
Jiménez Collie y José Arturo Ureña han dejado de manifiesto en sus confesiones
que no eran simples peones en la estructura a la que el Ministerio Público le
atribuye haber defraudado al Estado con más de 19 mil millones, sino que fueron
ideólogos, ejecutores y beneficiarios.

Segundo
expediente

Éstos no han sido llevados ante
un juez para que allí se declaren culpables, aunque la pena que se les imponga
esté condicionada por algún acuerdo de delación con el Ministerio Público.
Hasta ahora lo que está planteado es la exclusión pura y simple de una serie de
personas que fueron protagonistas del supuesto entramado.

La procuradora adjunta y
Directora Nacional de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni
Berenice Reynoso, ha adelantado que habrá un segundo expediente del caso
Calamar y que en este serán encartadas otras personas, pero sólo se ha
mencionado al diputado Gory Moya, quien por su investidura es objeto de un
proceso especial, porque constitucionalmente goza de jurisdicción privilegiada.

Pero no se ha planteado si
cuando finalmente se formule la acusación se incluirá a figuras como Ramón
Emilio Jiménez Collie, conocido como “Mimilo Jiménez”; José Arturo Ureña,
Bolívar Ventura y a un Carlos Julio Montalvo, quien sale a relucir entregando
dinero a Mimilo, aunque en cantidades menores.

Varios de ellos son personas
conocidas por las esferas judiciales, pues han estado involucrados en otros
casos de los cuales han logrado librarse utilizando mecanismos similares a los
de ahora: delatar y cooperar.

Su condición de reincidentes en
procesos no los ha devaluado ante el Ministerio Público ni les ha cerrado otras
oportunidades de librarse “pura y simple” de los procesos judiciales.

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