Nélsida
Marmolejos,  titular de ese organismo,
señaló que, “constituye una vergüenza que un gobierno que ha pisoteado los
derechos de los empleados públicos; humillándolos y acosándolos, negándoles sus
prestaciones, reteniéndoles sus pagos de salarios, negándoles pensiones ganadas
a través de sus años de servicios en la administración pública; sea proclamado
por quienes deben estar llamados, en estos momentos, a defender a los
trabajadores”.

La veterana líder
sindical y miembro de la Dirección Política de la FP, declaró que nunca como
ahora, se encuentran en los tribunales Contencioso Administrativo,  una cantidad desbordante de sometimientos al
actual gobierno, por violaciones a los derechos de los servidores públicos
conculcados. “En vez de recibir el apoyo y la solidaridad del movimiento
sindical, encuentran a este sector haciendo causa común con quienes les están
negando esas remuneraciones”, indicó Nélsida Marmolejos.

“¿Cómo se justifica
que dirigentes de larga data hagan causa común con un gobierno que nunca ha
hecho un reajuste al salario mínimo del sector público, el que mantiene
congelado en RD$10,000.00?” Se preguntó la líder sindical.

Marmolejos sostuvo
que este gobierno (de Abinader), ha querido confundir a la opinión pública,
proclamando que ha realizado 22 reajustes de salarios y tarifas, “cuando no ha
puesto un solo centavo en los mismos, pues ha sido el sector privado el que por
ley ha tenido que hacerlo”.

En ese sentido,
agregó que, “esos reajustes, siguen por debajo de los quintiles, que define el
Banco Central, de la canasta básica de alimentación”.  “Y lo más grave es que esos dirigentes
repitan esa mentira sin sonrojarse”, subrayó.

La secretaria de
Asuntos Laborales de la FP dijo que en la administración de Abinader se
maltrata a los empleados públicos, 
poniendo como ejemplo lo sucedido en el Metro de Santo Domingo. “Crearon
un conflicto en el transporte más importante y masivo del país, con la
finalidad de provocar cancelaciones”.

En el mismo sentido
señaló que, con los empleados del Consejo Estatal del Azúcar sucede lo mismo,
“a los cuales se les está obligando a renunciar a sus derechos, para echarlos a
las calles sin pensión y sin prestaciones”.

Nélsida
Marmolejos  dijo que el actual gobierno
incumple con la Ley 105-13, de Salario Público, y castiga cada año a los
trabajadores, cuando suspende, vía la Ley de Presupuesto, la aplicación del
Artículo 296, del Código Tributario, para que el tope del salario, exento del
pago de impuesto sobre la renta, quede estancado en RD$34,685.00 mensuales,
cuando debió exceder los 51 mil pesos.