Eddinson Gutiérrez
hijo de Emmanuel Rivera Ledesma, supuesto cabecilla de la red acusada de
estafar a más de un centenar de personas a través de la venta de apartamentos.
Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo
acudió de manera voluntaria la tarde de este jueves a la sede de la
Procuraduría General de la República Dominicana (PGRD).
Pasadas las ocho de la noche,
Rivera Pichardo permanecía en los despachos de la Procuraduría.
Se recuerda que este miércoles,
el Ministerio Público, en combinación con la Policía Nacional, puso en marcha
la operación Nido en la que se arrestó a Emmanuel Rivera Ledesma y otros
integrantes.
En el operativo se realizaron
veinticinco allanamientos en las provincias de San Cristóbal, Dajabón,
Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Según las autoridades, durante
el proceso de investigación se determinó que al menos 144 personas presentaron
querellas o denuncias ante el Ministerio Público. La mayoría de las víctimas
aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca
recibieron.
Los afectados denunciaron que
cuando reclamaban recibían amenazas e intimidaciones de parte de Rivera,
señalado como el cabecilla de la red.
Según el Ministerio Público, la
red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos
Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que
crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas,
falsificación y asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de
las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos
inmobiliarios.
Durante la investigación se
ocuparon evidencias que demuestran que Rivera utilizaba nombres de personas
reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por
personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron
evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el
dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación,
Rivera inició una serie de maniobras. Lo hizo con el objetivo de que las
víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya
presentadas.
También buscó que las víctimas
firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el
proceso de investigación.
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