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El contenido de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de
Inteligencia (DNI), que entró en vigencia el pasado mes de enero, ha sido
cuestionado por varios sectores, por entender que vulnera derechos
fundamentales de los ciudadanos, tales como la libertad de expresión, la
intimidad, el honor entre otros.
Inteligencia (DNI), que entró en vigencia el pasado mes de enero, ha sido
cuestionado por varios sectores, por entender que vulnera derechos
fundamentales de los ciudadanos, tales como la libertad de expresión, la
intimidad, el honor entre otros.
Los ataques a la Ley de la DNI empezaron a surgir porque el documento
incluye un artículo que ordena a todos los dominicanos a entregar informaciones
privadas a la entidad sin la orden de un juez.
Además, se criticó la forma rápida en la que la Cámara de Diputados
aprobó la ley, donde todos los partidos mostraron su voto a favor.
Tras este revuelo, el Gobierno invitó a diálogos con sectores
interesados en recibir explicaciones sobre la ley y designó al consultor
jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y al director del DNI, Luis
Soto, para que lo organicen.
Diario Libre
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