Loyda Peña Periódico HOY
Ministerio Público procurará demostrar ante el Tribunal Constitucional que los
jueces de la tercera sala penal de la Suprema Corte no solo violaron los
precedentes de ambas altas cortes sino que además, por vía jurisprudencial,
derogaron y modificaron leyes.
Así consta en el recurso de revisión constitucional que a través de la
Procuraduría Anticorrupción sometió el órgano de persecución ante el TC
atacando la sentencia de los magistrados Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy
Salcedo, Fran Soto y María Garabito el pasado 31 de julio.
Esa sentencia absolvió, por alegada falta de pruebas, a los únicos
condenados en el proceso por los US$92 millones de sobornos pagados aquí por la
constructora brasileña: el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; y el
empresario y asesor de Odebrecht en el país Ángel Rondón.
Razones para atacar
Son siete las razones por las que la Pepca decidió llevar la decisión de
la SCJ hasta el TC. En primer lugar, la Pepca afirma que en su decisión la SCJ
“desnaturalizó el recurso de casación”.
Agrega que además desmontó el sistema de contrataciones públicas
establecido en la Ley 340-06; así como también el sistema de declaración jurada
de patrimonio. “Derogó por vía jurisprudencial el enriquecimiento ilícito; y
por esa misma vía modificó la Ley 340-06”, dice la Pepca. Resalta que los
jueces de la SCJ fallaron contra los propios precedentes de la alta corte, “y
contrariaron varios precedentes del Tribunal Constitucional”.
La Pepca busca revertir la sentencia y aumentar la condena a los
absueltos.
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