Llennis Jiménez  Periódico Hoy

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional
sometió a arresto domiciliario al español Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda,
exdirector de Tecnología del Intrant. A tres: Frank Díaz Wander, Juan Francisco
Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, le aplicó garantía económica,
impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódica al
tribunal.

La coerción de la magistrada fue a solicitud de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Garantía
económica de RD$2 millones deben pagar Díaz Wander, excoordinador del Despacho
del Intrant y exrepresentante de Beras Ramírez en el Comité de Compras.

Con garantía económica de un millón de pesos quedaron Álvarez Carbuccia,
exdirector administrativo y financiero del Intrant, y Peguero Vargas, a quien
la Pepca le atribuye desviar para la empresa Insoprolol, S.R.L., dinero
adjudicado a la empresa Transcore Latam, de Gómez. El tribunal fijó la revisión
obligatoria de las medidas para el 9 de enero del 2025.

Jueza Motivo razón del fallo

La magistrada Veloz explicó ante las partes, de acuerdo a la abogada
Laura Acosta, representante de Beras, que le impuso la prisión preventiva a
Hugo Beras porque como él fue funcionario de alta jerarquía en el Intrant,
existía riesgo para la investigación de la alegada red de corrupción en el
Sistema Semafórico del Gran Santo Domingo. En este punto, la abogada precisó
que Beras no tiene poder para influenciar la investigación de este caso, ya que
-en la actualidad- no es funcionario público.

Además, se pronunció sobre el hecho de que no pudo comprobar que durante
el arresto, a Hugo Beras se violentaran sus derecho. Acosta sostuvo que debido
a esto, ordenó su reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR),
de la provincia de San Cristóbal.

La jueza acogió para tres la solicitud de la Pepca, de prisión
preventiva a todos los apresados por presunta corrupción, lavado de activos,
terrorismo, desfalco, sabotaje, robo de identidad, falsificación de documentos,
entre otros crímenes penales, comercio ilícito, delitos de tecnología y
violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 340-06), por medio
del contrato que el Intrant adjudicó a Transcore Latam por un monto de RD$1,317
millones.

El abogado de Gómez, Carlos Balcácer, dijo que el fallo se debió a la
presencia de tres jueces en la audiencia, por considerarse espiados por su
defendido. El procurador Camacho lo negó. Dijo que la decisión es por el “gran
daño que hicieron los imputados”.

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