Se sabía que una ola de reformas estaba en camino en República
Dominicana. De hecho, desde el Ejecutivo, se había anunciado con antelación la
intención de impulsar transformaciones clave: la reforma constitucional, la
reforma fiscal, la laboral y la reestructuración del Estado, con la fusión de
instituciones y la eliminación de otras.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era que todo esto quisiera hacerse de
manera apresurada, con las propuestas siendo presentadas prácticamente de una
semana a otra, en unos casos, y juntas en otros. Esta velocidad ha generado
preocupación en distintos sectores, especialmente porque no parece haber una
razón que justifique tal premura.

Incluso, desde ya se ha advertido tener cautela, para evitar que entre
una cosa y otra, se meta “gato entre macuto”, o que se pase “gato por liebre”.

En la historia reciente del país, es casi una tradición que los
gobiernos, tras asumir el poder, introduzcan reformas en su primer o segundo
año de gestión; el que encabeza Luis Abinader se ve ahora muy dispuesto. Desde
las elecciones de 1978, ha habido múltiples ejemplos de administraciones que,
en sus primeros meses, han planteado y ejecutado cambios importantes.

Pero esto no significa que esos paquetes de reformas deban ser enviados
al Congreso de manera tan aglomerada como se está viendo ahora. Incluso en
casos en que los cambios se implementaron en los primeros cuatrimestres de
gobierno, se optó por hacerlo de manera escalonada y no mediante una
presentación conjunta de todas las propuestas. Lo de ahora apunta a sorprender.

Concretamente, el Gobierno “ha soltado de golpe” -y sin dar espacio para
hacer la digestión- el tema de la reforma fiscal, la reestructuración de las
instituciones del Estado, la reforma constitucional (sometida al Congreso el 19
de agosto), la reforma laboral y a eso hay que sumar la presentación del
Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2025, que si bien se hace para
cumplir un mandato de ley, debe ser considerado para el abordaje en cuestión.
Otro tema de alta relevancia es la elección de los miembros de la Junta Central
Electoral, que si bien no sale de “la cocina” del Poder Ejecutivo hacia el
Legislativo, ni es de su incumbencia, amerita la atención y del “ojo de la
sociedad dominicana”. Sobre esto, ya se agotó en el Congreso la fase de recepción
de expedientes de los aspirantes y la parte de depuración (cuáles califican o
no para ser evaluados).

Manda uno y luego más

El Ejecutivo tiene bastante ocupados a los senadores y diputados y la
pregunta que salta es qué tanto podrán éstos respirar “entre una cosa y la
otra”. “Evitemos tomar decisiones que, por la rapidez con que estarían siendo
aprobadas, terminen creando males estructurales permanentes”, advirtió ayer el
senador Omar Fernández (Fuerza del Pueblo-Distrito Nacional), en un documento
de prensa.

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