by Redacción                Resumen Turismo

Los gremios empresariales del sector
turismo pidieron al Presidente Luis Abinader observar y devolver al Congreso
Nacional el proyecto que modifica Ley General de Gestión Integral y
Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, que fue aprobado sin una
necesaria profundidad técnica y análisis de impacto.

Plantean que sus observaciones sean
analizadas en un proceso de diálogo técnico, abierto, plural y participativo, y
expresan su disposición a trabajar junto con las autoridades y los demás
sectores, para lograr una legislación equilibrada que promueva el desarrollo
sostenible, las prácticas antimonopólicas y la correcta gestión de residuos
sólidos.

En una declaración enviada ayer a los
medios de comunicación, las asociaciones alertan sobre los riesgos que esta
reforma representa para la sostenibilidad ambiental, la competitividad del
sector turismo y la autonomía municipal.

La firman la Asociación de Hoteles y
Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), Asociación Dominicana de
Empresas de Turismo Inmobiliario (ADETI), Asociación Dominicana de Restaurantes
(ADERES), Asociación Dominicana de Comida Casual y Servicio Rápido (ADECOR),
Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT), Asociación de
Hoteles del Este (ASOLESTE), Asociación de Hoteles y Restaurantes de Santiago
(ASHORESA), Asociación de Hoteles Romana Bayahíbe (AHRB), Asociación de Hoteles
de Santo Domingo (AHSD), Asociación de Hoteles de Juan Dolio.

También la Asociación de Hoteles y
Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA); Asociación Dominicana de Parques y
Excursiones (ADOPETUR), Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas
Turísticas del Norte (ASHONORTE) y Asociación de Hoteles y Turismo El Seibo-Miches
(PROMICHES)

Advierten que múltiples disposiciones
aprobadas promueven prácticas a todas luces monopólicas y afectan directamente
el manejo eficiente de los residuos sólidos, comprometen los compromisos
ambientales asumidos por el país y el sector y fragmentan los esfuerzos
conjuntos entre el sector público y privado.

Entre las inquietudes más relevantes,
señalan que la nueva redacción limita la posibilidad de que las empresas,
incluyendo los establecimientos turísticos, gestionen de forma directa o
asociada la valorización de sus residuos, afectando su capacidad para cumplir
con estándares internacionales de sostenibilidad y sus compromisos ambientales.

Igualmente, rechazan la imposición de
la entrega obligatoria de residuos a gestores autorizados por los gobiernos
locales, poque restringe severamente la libertad de elección y operación de
empresas que han hecho inversiones significativas en infraestructura propia
para la gestión responsable de sus residuos.

También cuestionan la obligación de
establecer un solo relleno sanitario por provincia y una sola planta de
tratamiento por región, porque promueve la concentración del servicio en manos
de pocos actores, promoviendo prácticas monopólicas y reduciendo la eficiencia
del sistema.

Asimismo, indicaron que es preocupante
la creación de una contribución especial para la gestión de residuos calculada
en función de los ingresos brutos de las empresas, sin considerar la cantidad
ni el tipo de residuos generados.

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