Se les acusa de defraudar al Estado con el contrato de
modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, LD.- El Estado dominicano se ha
constituido en actor civil en contra de Hugo Beras, exdirector del Instituto
Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), el empresario José “Jochi”
Gómez-Canaán, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix, y otros
implicados.

Se les acusa de defraudar al Estado con el contrato de
modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

La querella, presentada ante el Ministerio Público, fue
depositada a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción
del Distrito Nacional, quien está a cargo del control de las investigaciones
que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca).

La acción fue interpuesta a través de los abogados
Fernando P. Henríquez, Manuel Conde Cabrera, Edison Joel Peña y José Alberto
Ortiz Beltrán, del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, en
representación del Estado dominicano y el Intrant.

implicados en querella

La querella depositada en la Pepca incluye a Frank Díaz
Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de
Compras del Intrant, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología
del Intrant.

Igualmente, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del
Centro de Control de Tráfico del Intrant, Juan Francisco Álvarez Carbuccia,
Carlos José Peguero Vargas y las empresas Transcore Latam, S.R.L., Aurix,
S.A.S., e Inprosol S.R.L.

Sin embargo, en la instancia los parte de los abogados
contratados en 2021 por decreto presidencial para recuperar bienes y recursos
del Estado en casos de corrupción, no han señalado cuánto reclamarán de
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

En cuanto al aspecto civil, los abogados solicitan que se
admita la presente constitución en actor civil interpuesta por el Estado
dominicano y el Intrant contra los encartados en presuntos actos de corrupción.
Asimismo, los abogados se reservaron el derecho de interponer querellas con
constitución en actor civil contra otras personas, físicas o jurídicas, de
nacionalidad dominicana o extranjera, que resulten implicadas en los hechos que
se originen y deriven de esta acción como resultado de la investigación del
Ministerio Público.

También se reservan el derecho de actuar si otros medios
probatorios determinan responsabilidades penales y civiles, así como interponer
acusación particular, si fuera necesario, y concretizar las pretensiones del
actor civil en el momento procesal que establezca la ley.

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