Redacción CDN

Santo Domingo. – El presidente Luis
Abinader promulgó este martes la Ley 45-25, mediante la cual se dispone la
fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo en un nuevo ministerio denominado Ministerio de Hacienda y Economía.

Esta transformación institucional
implica también la derogación de la Ley núm. 496-06, del 28 de diciembre de
2006, que creó la entonces Secretaría de Estado de Economía, Planificación y
Desarrollo.

La ley resultó aprobada de urgencia
por la Cámara de Diputados en la sesión del 15 de julio de 2025, y previamente
sancionada por el Senado de la República el 22 de mayo del presente año. Tiene
por objetivo asegurar una articulación más eficiente entre la política fiscal y
el sistema nacional de planificación e inversión pública. Esto en coherencia
con los principios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y buena administración
pública.

La nueva legislación reorganiza las
estructuras orgánicas de ambos ministerios para consolidarlas en una única
entidad rectora en materia económica, financiera y de planificación. Entre los
principales cambios que introduce se destacan:

Supresión del Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD), cuyas funciones sustantivas en materia
económica, de planificación e inversión pública pasan al Ministerio de Hacienda
y Economía.

Transferencia de competencias al
Ministerio de la Presidencia en áreas como cooperación internacional, y
ordenamiento territorial.

Reorganización de los viceministerios
bajo una nueva estructura que comprende áreas como Tesoro y Patrimonio,
Presupuesto y Contabilidad, Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal,
Crédito Público y Economía.

Asimismo, la ley establece al nuevo
ministerio como órgano rector del sistema nacional de planificación e inversión
pública y del conjunto de políticas macroeconómicas y fiscales del país.

De igual forma, la ley contempla
disposiciones específicas para asegurar la continuidad de los servicios
públicos. también garantizar la transición ordenada del personal y definir los
plazos para la adecuación normativa, presupuestaria y administrativa.

Esta reforma responde a las
directrices de la Estrategia Nacional de Desarrollo y al Plan General de
Reforma y Modernización de la Administración Pública. Tienen el propósito de
dotar al Estado dominicano de estructuras más racionales, eficaces y orientadas
a resultados.

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