La Comisión Permanente de Justicia del Senado es que
tiene la responsabilidad de analizar esta pieza legislativa y presentar ante el
pleno un informe favorable

Lidia Pinales 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En el Congreso Nacional,
los legisladores buscan adaptar el Código Procesal Penal antes de que finalice
diciembre, plazo otorgado por el Tribunal Constitucional (TC) al declarar la
normativa antijurídica.

La Comisión Permanente de Justicia del Senado es la
responsable de analizar esta pieza legislativa y presentar un informe favorable
ante el pleno.

De acuerdo con el presidente de dicha comisión, el
senador Antonio Taveras, los trabajos de análisis ya fueron concluidos. Explicó
que ahora la iniciativa será enviada a distintas entidades vinculadas para que
la examinen y hagan las observaciones que consideren pertinentes.

Entre los organismos que revisarán el proyecto están el
Ministerio Público, el Poder Judicial y el Defensor del Pueblo. Además, el
movimiento cívico Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y
Justicia (Finjus) tendrán la oportunidad de aportar ideas y sugerencias.

Para este proceso, los comisionados otorgarán un plazo
fijo y, en unos 15 días, celebrarán un taller con el fin de lograr acuerdos.

Una vez concluido, los senadores aprobarán la iniciativa
y la remitirán a la Cámara de Diputados, “prácticamente consensuada por todos
los sectores para que allá la discusión sea más rápida”.

El senador Pedro Catrain, miembro de la comisión,
manifestó que el equipo trabaja de forma acelerada para cumplir con el mandato
constitucional, cuyo plazo vence el 17 de diciembre de 2025.

“Estamos trabajando en la comisión de justicia a un ritmo
acelerado, hemos aprobado ya unos 30 artículos, y vamos a tener un taller con
la procuradora y personas del Poder Judicial para darle forma y sacar el Código
Procesal lo antes posible, pero con la mayor calidad”, subrayó Catrain.

En diciembre de 2024, mediante la sentencia número
TC/0765/2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 10-15
tras comprobar que se cometieron errores durante su aprobación.

Para corregir esos vicios, la Alta Corte otorgó un año al
Congreso Nacional para dotar al país de una nueva normativa jurídica.

Si antes del 17 de diciembre de este año los
parlamentarios no cumplen con esta sentencia, la ley será suprimida y la
República Dominicana volverá a regirse por la antigua Ley 76-02.

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