La medida, que entrará en vigor
el 2 de enero de 2026, busca asegurar que los proveedores del Estado estén al
día con sus obligaciones tributarias aduaneras.

El director general de Aduanas,
Yayo Sanz Lovatón, explicó que el propósito es “garantizar que quienes suplen
bienes o servicios al Estado mantengan una conducta tributaria responsable. Es
otro hito que nuestra gestión deja como legado: más transparencia, más
institucionalidad y un Estado más confiable”, afirmó Sanz Lovatón.

Por su parte, el director
general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que esta medida
refuerza los principios de integridad y legalidad en la Administración pública.

“Con este acuerdo avanzamos
hacia un sistema más justo y eficiente, donde los recursos del Estado se
gestionen a favor del interés general y con mayor transparencia” , señaló.

La obligación está prevista en
el numeral 4 del artículo 8 de la Ley 340-06 y reiterada en el numeral 4 del
artículo 37 de la nueva Ley 47-25 sobre contrataciones públicas.

Esta certificación será emitida
por la DGA únicamente a los proveedores registrados como contribuyentes en la
administración tributaria aduanera. En los casos en que el proveedor tenga un
acuerdo de pago vigente con la DGA por deudas aduaneras y esté al día con sus
cuotas, podrá obtener la certificación sin impedimentos. Asimismo, deberá
mantenerse al día al momento de suscribir el contrato con la entidad pública y
al registrarse ante la Contraloría General de la República.

Para los proveedores no
registrados como contribuyentes, la DGA habilitará un portal de consulta en
línea, donde podrá verificarse si un proveedor figura o no como contribuyente
aduanero, ingresando su número de cédula o RNC.

Esta disposición quedó
formalizada en una circular conjunta dirigida a ministros, directores,
administradores generales, ayuntamientos e instituciones descentralizadas y
autónomas,

tanto financieras como no
financieras, donde ambas instituciones reiteran la obligatoriedad de cumplir
con esta medida en todos los procesos de contratación pública.

El acuerdo se enmarca en las
políticas de gestión administrativa y de fortalecimiento institucional
impulsadas por el Poder Ejecutivo, alineadas con las metas de recaudación,
eficiencia y transparencia del Estado dominicano.

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