Julissa Céspedes        CDN

Santo Domingo. — La Junta Central
Electoral (JCE) implementó un marco de seguridad legal y técnica sin
precedentes para evitar cualquier filtración o transferencia indebida de datos
del registro civil dominicano, tras adjudicar al consorcio EMDOC, integrado por
varias empresas, incluida la alemana Veridos GmbH, la impresión de la nueva
cédula de identidad y electoral.

El contrato, valorado en RD$3,361
millones, abarca la emisión de 8 millones de tarjetas en policarbonato. Además,
la infraestructura de seguridad PKI-CA, 800 mil cédulas digitales (Mobile ID) y
24 meses de mantenimiento y capacitación.

Sin embargo, el programa Reporte
Especial reveló la coincidencia de que Veridos también maneja el sistema de
identidad en Haití. Situación que enciende preocupaciones sobre posibles
vulnerabilidades.

Frente a ello, en una revisión del
contrato entre la Junta y EMDOC, se verifica que la JCE colocó cláusulas
estrictas. Las mismas limitan y supervisan cada acceso del consorcio a la base
de datos nacional.

Blindaje legal y control total del
registro civil

El artículo 20 del contrato dispone
que EMDOC no podrá transferir, copiar ni ceder a terceros información alguna a
la que tenga acceso durante el desarrollo del proyecto.

Además, la propiedad, control,
administración y custodia exclusiva de todos los datos personales, biométricos
y demográficos permanece en manos de la JCE, que ejercerá supervisión constante
y autorización previa por escrito ante cualquier flujo de información.

El documento también prohíbe la
existencia de accesos ocultos o “backdoors” en los sistemas. Y establece que
cualquier violación de estas restricciones será considerada falta grave y
causal inmediata de rescisión del contrato, con las acciones legales correspondientes.

Incluso, en caso de terminación del
contrato, EMDOC está obligado a eliminar todo acceso temporal y garantizar que
no retiene copias físicas o digitales de los datos tratados.

Supervisión técnica y soberanía
digital

El presidente de la JCE, Román Jáquez
Liranzo, ha insistido en que el organismo electoral mantendrá un monitoreo
permanente del sistema y de los flujos de información. Esto, para asegurar que
ningún proveedor externo acceda sin control al registro civil dominicano.

“El contrato fue estructurado con
controles que garantizan la soberanía tecnológica. Y la integridad de los datos
ciudadanos”, sostuvo Jáquez durante el anuncio oficial del acuerdo.

Un precedente de seguridad nacional

Si bien el vínculo de Veridos con el
sistema haitiano despertó inquietudes, las medidas adoptadas por la JCE
reflejan una estrategia de prevención y transparencia. Y con un enfoque en la
seguridad de la información y la defensa de la soberanía nacional.

En un contexto regional marcado por la
crisis migratoria y la vulnerabilidad institucional, el blindaje del registro
civil dominicano se convierte en un asunto de seguridad nacional.

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