La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio
Ilícito (TRACIT) advierte sobre el impacto de estas medidas de los índices de
comercialización de alcohol ilícito y sus consecuencias para los consumidores.

Las medidas tomadas por algunos gobiernos
latinoamericanos como Panamá, México, Perú, Colombia y República Dominicana,
así como gobiernos de otras partes del mundo como Sudáfrica, Irán, Sri Lanka
entre otros, para enfrentar la crisis generada por el Covid-19 en el país han
llamado la atención de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio
Ilícito (TRACIT) debido al impacto imprevisto que estas restricciones tienen
sobre la salud pública y la sociedad en general. En un informe publicado este
mes bajo el título de “Prohibición, alcohol ilícito y las lecciones aprendidas
durante el confinamiento”, la entidad advierte que el aumento en la demanda de
alcohol ilícito que se ha registrado en los últimos meses también amenaza la
sostenibilidad de la industria nacional de bebidas alcohólicas y las
recaudaciones del Estado.

El documento analiza cómo el confinamiento y las
restricciones para el consumo de bebidas alcohólicas generaron numerosas
muertes en diversos países del mundo por ingesta de bebidas adulteradas o de
fabricación artesanal, muchas veces consideradas como remedios caseros contra
el Covid-19. En el mismo se hace referencia al consumo de clerén con un alto
contenido de metanol (con niveles de concentración mayor al 50%) en nuestro
país, lo cual provocó la muerte de más de 200 personas y amenazó la salud de
cientos de otras personas que consumieron este tipo de bebidas en 2020.

En adición a esto, el estudio describe cómo el aumento en
el consumo de alcohol irregular ha permitido que el crimen organizado obtenga
más fuentes de financiación, al tiempo que se reducen las recaudaciones de los
gobiernos, ya que las bebidas alcohólicas de suministro legal son una
importante fuente de ingresos para muchos países. Del mismo modo, el informe
señala que las restricciones impuestas a la comercialización de productos legales
de alcohol han afectado a la industria legítima al punto de poner en peligro su
generación de empleos, su proyección de crecimiento a largo plazo y la
capacidad de este sector para recuperarse una vez que se levanten las
restricciones.

Sobre este tema habló recientemente el asesor senior de
políticas de TRACIT, Esteban Giudici, quien explicó que “por lo general, cuando
se corta el acceso a un producto legítimo se genera un nicho de mercado para
todo lo clandestino y ese espacio se llenó rápidamente. Es un tema que hay que
trabajar arduamente y para el cual no hay muchos estándares internacionales”.
El especialista aseguró que esta problemática se ha replicado de manera global,
pero destacó a países como la India y Sudáfrica, donde las restricciones de consumo
de alcohol dentro del confinamiento fueron revertidas cuando se comenzaron a
observar sus consecuencias.

Las lecciones aprendidas publicadas por TRACIT y las
declaraciones de Giudici resuenan en un momento en que el Gobierno dominicano,
a través del Gabinete de Salud, continúa restringiendo la venta de bebidas
alcohólicas en todo el país a partir de las 6 de la tarde. Esta disposición no
solo aplica para bares y restaurantes, que de todas maneras deben cerrar sus
puertas para acogerse a los horarios de vigencia del toque de queda; sino
también aplica a colmados y otros comercios que ofrecen servicio a domicilio.

El informe de TRACIT recomienda a los gobiernos a nivel
internacional “evitar las leyes de prohibición como medidas de respuesta de emergencia
para proteger a las personas de la propagación del virus”, pues la entidad
asegura que “los beneficios no tienen garantías, mientras que las consecuencias
negativas son muchas y contraproducentes para los objetivos comunes de salud,
empleo y economía”.

Del mismo modo, la organización internacional señala que
“es vital asegurar la disponibilidad y el acceso a productos legítimos que se
ajusten a los objetivos de distanciamiento social sin inducir la demanda de
sustitutos ilícitos.” Adicionalmente, advierte que “se debe evitar la
imposición de aumentos de ‘impuestos de emergencia’ al alcohol, ya que este
enfoque de solución rápida podría terminar siendo tan’ imprudente’ como la
imposición de leyes de prohibición, lo que daría lugar a un menor consumo de
bebidas legales, a una menor recaudación de impuestos y a un aumento de la
demanda de alternativas ilícitas no gravadas y más baratas”.

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio
Ilícito concluye que “es clave intensificar la aplicación de un régimen de
consecuencias para quienes participen en la actividad de comercialización de
bebidas alcohólicas ilegales con la finalidad de garantizar que este tipo de
actividades de comercio ilícito causadas por la pandemia no se conviertan en
factores permanentes de la economía posterior a la pandemia”.