Al inicio habían solicitado 18 meses de prisión
preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso para todos los
arrestados

Ramón Cruz Benzán / Nayeli Reyes / Javier Flores

Santo Domingo, LD.- La jueza Kenya Romero, del Juzgado de
Atención Permanente del Distrito Nacional, se reservó para hoy el fallo sobre
la solicitud de medida de coerción contra 20 implicados en el caso Calamar, una
supuesta red de corrupción que distrajo al Estado más de 19,000 millones de
pesos.

A las 10:00 de la mañana, la magistrada dará su dictamen
luego de que 14 implicados, según el ministerio público, admitieran su
culpabilidad y decidieran colaborar con la investigación que sigue la
Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca).

Ante esta admisión, el órgano persecutor solicitó un
cambio de prisión preventiva por arresto domiciliario, impedimento de salida y
garantía económica.

Al inicio habían solicitado 18 meses de prisión
preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso para todos los
arrestados.

Los que decidieron pactar con el ministerio público son
el abogado Ángel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Alejandro Constanzo
Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola, Emir José Fernández De Paola,
Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía
Ávila, Víctor Matías Encarnación Montero.

Además, Claudio Silver Peña, Yahaira Brito Encarnación y
su esposo Ramón David Hernández.

El titular del Pepca, Wilson Camacho, advirtió que todos
deberán devolver dinero del erario adquirido de forma ilícita.

No aceptan cargos

Mientras que para los seis restantes que no han admitido
las acusaciones, los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Obras Públicas,
Gonzalo Castillo, y administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, los
fiscales mantienen el pedido de 18 meses de prisión preventiva.

En igual condición están el excontralor general de la
República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar
(CEA), Luis Miguel Piccirilo, y Aldo Antonio Gerbasi.

El ministerio público señaló que existen las
“condiciones” para que se impongan 18 meses de prisión preventiva como medida
de coerción contra los seis implicados en el caso Calamar con los cuales no
llegaron a un acuerdo.

“El ministerio público entiende que están todas las
condiciones dadas para que se acoja la solicitud que nosotros hemos planteado
con respecto a los seis imputados que no han acordado con el ministerio público
la imposición de la medida de coerción”, señaló a los medios de comunicación,
la fiscal Rosa Alba García, quien habló en representación de la Procuraduría.

Defensa de Gonzalo

Entretanto, Laura Acosta, representante de la defensa de
Gonzalo, indicó que se mantienen firmes en la solicitud de que a su cliente se
le debe de dar libertad pura y simple porque “no existen razones que indique
que represente  peligro de fuga”.

Al hablar con la prensa, la magistrada especificó que
Castillo entiende que no ha cometido un ilícito penal que amerite la privación
de libertad ni las medidas que plantea el Ministerio Público.

Según Acosta, Gonzalo Castillo expresó que luego de haber
concluido el proceso electoral de 2020, el excandidato presidencial del PLD
recibió ataques de medios de comunicación y redes, por lo que escribió una
carta a la procuradora Miriam Germán, en 2020, donde se puso a disposición del
ministerio público.

Castillo declaró ante la jueza que solo ha salido del
país en dos ocasiones, las cuales hizo saber previamente al órgano persecutor.