La jueza Fátima Veloz aseguró que la medida de coerción a
los hermanos Espaillat se tomó conforme al debido proceso

Andrés Tovar             El
Caribe

En respuesta al debate, un comunicado de prensa del Poder
Judicial cita los argumentos de la magistrada, refiriendo que la jueza
consideró que los imputados poseen arraigo suficiente: domicilio conocido,
actividades comerciales estables, vínculos familiares y sociales, y ninguna
evidencia de intención de fuga ni antecedentes penales. Esto, apunta, hizo
improcedente la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

El caso fue calificado provisionalmente como homicidio
involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal. Este tipo penal
contempla penas entre 3 meses y 2 años de prisión correccional. La jueza,
refiere la nota, explicó que la medida cautelar debe ser razonable y
proporcional al daño, y que su propósito no es sancionar, sino garantizar la comparecencia
de los acusados ​​al proceso judicial.

Medidas impuestas y caso declarado complejo

Basada en el artículo 226 del Código Procesal Penal, la
jueza impuso:

Impedimento de salida del país

Garantía económica de RD$50 millones

Presentación periódica

Además, declaró el caso como complejo, lo que extiende el
plazo de investigación para el Ministerio Público.

Sobre la imputación por coacción a testigos contra
Maribel Espaillat, la jueza concluyó que el contenido de la conversación
presentada como prueba no constituye una alteración sustancial del proceso,
calificándola como una “interacción ambigua”, sin impacto penal directo.

Finalmente, la jueza Veloz también subrayó la
obsolescencia estructural del Código Penal dominicano, que data del siglo XIX.
Afirmó que su desactualización dificulta enfrentar los desafíos judiciales
modernos, un punto que cobra relevancia ante la magnitud del caso Jet Set.

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