by Redacción             Resumen Turismo

Inversiones Azul del Este, empresa de capital español
propietaria del hotel, explica la oficina de asuntos jurídicos, utilizó desde
el año 1998 más de 19 mil metros de una propiedad contigua al establecimiento,
para construir varios hoyos de un campo de golf; que es solo “una de varias
ocupaciones ilegales que han detenido desde el año 2008 en el desarrollo de un
proyecto turístico en 10 millones de metros, que incluye hoteles, residencias,
campo de golf, una pequeña ciudad y otras instalaciones”.

Dice el despacho de asuntos legales de la empresa Paraíso
Tropical, que esta ocupación se mantuvo a pesar de que la Dirección de Mensuras
Catastrales intervino en la reclamación de derechos y certificó que esa
propiedad pertenecía a Paraíso Tropical. La reclamación fue llevada en junio
del 2012, hace 13 años, ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de
Higüey.

La primera sentencia, explica el despacho de abogados,
ocurrió casi cuatro años después de haber sido presentada la demanda. El
segundo fallo se produjo en el año 2018.

Esta decisión fue apelada y el Tribunal Supremo de
Tierras, señala el relato de los abogados, conoció y dio la razón a Paraíso Tropical
en septiembre del 2020. Esta decisión fue apelada y el expediente volvió al
Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, que ratificó el fallo en
febrero del 2023.

Una nueva apelación llevó el expediente a la Suprema
Corte de Justicia que ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Tierras
departamento Central en junio del 2024 y, convertida, en definitiva, la envió
para su ejecución (devolución de la propiedad ocupada y cálculo del astreinte);
instancia “donde permanece y en este mes de junio, sin nada que lo justifique,
cumple un año de espera”, destaca la oficina jurídica de Paraíso Tropical.

“Son 12 meses a pesar de que ya no queda nada por decidir
y lo único que falta es una comunicación –un trámite elemental para ordenar la
devolución de todo el terreno ocupado identificado por Mensuras Catastrales, y
una simple operación matemática para calcular el monto del astreinte, (los días
transcurridos de ocupación por la cantidad acogida tanto por el Tribunal
Superior como por la Suprema Corte de Justicia, desde que se interpuso la
demanda primigenia en el año 2012).

Los abogados indican que esto se ha reclamado al Tribunal
y en concreto a la ponente de la terna de jueces, la magistrada Febrillet. De
no hacerlo, indican, “obligará a presentar al Magistrado Presidente de la
Suprema Corte de Justicia, una instancia por denegación de Justicia, porque
este expediente ya suma 13 años en un muy largo recorrido por los tribunales”.

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