by Redacción                Resumen Turismo

La Asociación de Hoteles y Turismo de
la República Dominicana (ASONAHORES) expresó su rechazo a la propuesta de
modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de
Residuos Sólidos No. 225-20, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados,
porque lo que se propone carece de profundidad técnica y pondría en riesgo las
certificaciones internacionales del sector turismo.

El gremio turístico alertó que los
cambios aprobados podrían comprometer la sostenibilidad ambiental del país,
debilitar la gobernanza en materia de residuos y afectar la competitividad del
sector, así como la autonomía de los gobiernos municipales.

ASONAHORES señaló que las nuevas
disposiciones promueven prácticas monopólicas, limitan la operación de
múltiples gestores de residuos e imponen restricciones a nuevas
infraestructuras de valorización, afectando iniciativas innovadoras dentro del
sector turístico. Además, advirtió que la reforma podría poner en riesgo
certificaciones internacionales de sostenibilidad obtenidas por complejos
hoteleros.

Otro de los puntos críticos señalados
por la asociación es la omisión del sargazo en la normativa como un tipo de
residuo a ser valorizado. Según explicaron, esta exclusión dificulta la gestión
adecuada de las toneladas de algas que afectan las costas, pese a las
millonarias inversiones que realiza el sector privado para su recolección y
disposición.

ASONAHORES también calificó como
desproporcionada la contribución especial que se contempla para las empresas en
el manejo de residuos. Indicó que esta debería establecerse en función de la
cantidad de desechos generados, y no por el tamaño o los ingresos brutos, ya
que esto perjudica a sectores como las agencias de viajes y tour operadores,
cuyas operaciones no se traducen directamente en generación de residuos.

La entidad hizo un llamado al Congreso
Nacional para que las decisiones en torno a esta ley se realicen en el marco de
un diálogo técnico y participativo, y reiteró su disposición de colaborar con
las autoridades en la construcción de una legislación equilibrada que impulse
el desarrollo sostenible, evite prácticas anticompetitivas y fortalezca la
gestión de residuos en el país.

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