En un mensaje en su cuenta de X,
el mandatario indicó que siempre que en los cinco años de gestión ha luchado
contra la impunidad y corrupción

Listín Diario

El presidente Luis Abinader
indicó que el informe entregado el sábado a la procuradora General de la
República, Yeni Berenice Reynoso, y que contiene irregularidades detectadas en
la administración de Santiago Hazim al frente del Seguro Nacional de Salud
(Senasa) es una advertencia a los demás funcionarios de su gobierno “para que
no se equivoquen”.

En un mensaje en su cuenta de X,
el mandatario indicó que siempre que en los cinco años de gestión ha luchado
contra la impunidad y corrupción, debido a que puede tener amigos, “pero jamás
cómplices”.

“Durante estos cinco años he
luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia con ello, envié el
informe que revela irregularidades en @ARSSeNaSaRD directamente a la
procuradora @YeniBerenice, como una advertencia adicional a los funcionarios de
mi gobierno para que no se equivoquen. Hoy quiero recordarles que puedo tener
buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de
ningún tipo”, escribió Luis Abinader en su cuenta de X.

El sábado en la mañana, el
Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton, y
el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Edward Guzmán,
entregaron a la procuradora un informe que contiene “graves irregularidades
detectadas en Senasa”.

“En esta mañana el
superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisaril), Miguel Ceara Hatton y
el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) Edward Guzmán se
encuentran ante la Procuraduría General de la República para hacer entrega
formal de un informe que contiene graves hallazgos de irregularidades fueron
detectadas en el marco de sus funciones”, explicaba la mañana de este sábado
Félix Reyna en una rueda de prensa desde el Palacio Nacional.

Aunque no se sabe qué contiene el
informe, varios programas de investigación señala que desde el 2020 a la fecha
el Gobierno paga, en al menos un contrato, más de 65 millones de pesos
mensuales, sin la necesidad de que se ofreciera el servicio para atención
primaria, entre otros.

Estos grandes fraudes también
contienen un “call center paralelo” que gestionaba las autorizaciones a favor
de empleados.

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